17.10.2025El Gobierno regional ha presentado formalmente sus alegaciones al Anteproyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada, actualmente en tramitación por el Gobierno de España.
En el documento remitido al Ministerio de Trabajo, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social cuestiona tanto el fondo como la forma del texto estatal, por entender que "no se ajusta a los principios de buena regulación, vulnera derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores y genera una grave inseguridad jurídica para el tejido empresarial, especialmente para autónomos, microempresas y pymes".
"Nos preocupa profundamente que el Gobierno central esté imponiendo un modelo único, digitalizado y centralizado de control horario sin diálogo, sin estudios económicos y sin atender a la realidad de las pequeñas empresas, que sostienen el empleo en España", según destacó la consejera del ramo, Marisa López Aragón.
Un procedimiento acelerado y sin base técnica suficiente
El Ejecutivo regional denuncia así la "injustificada urgencia" en la tramitación del Real Decreto, aprobada por el Consejo de Ministros "sin motivación ni informe técnico que lo justifique".
Según el documento de alegaciones presentado por la Consejería de Empresa, "no se ha elaborado un estudio de impacto económico ni presupuestario, como exige la normativa, pese a que la aplicación de un sistema digital de control horario en tiempo real implicará costes significativos para las empresas y para la propia Administración laboral".
"La improvisación no puede ser la base de una norma que afectará a millones de trabajadores. Exigimos rigor, diálogo y planificación, no imposiciones exprés que ni las empresas ni la Inspección de Trabajo podrán aplicar con garantías", señaló la consejera.
Asimismo, el Gobierno regional considera que el nuevo registro digital obligatorio resultará "especialmente gravoso" para el tejido productivo, compuesto en su mayoría por pymes y autónomos. El texto impone requisitos técnicos y de interoperabilidad que "ni las pequeñas empresas ni los trabajadores autónomos están en condiciones de cumplir", al exigir sistemas avanzados de verificación, almacenamiento y conexión en tiempo real con la Administración, según López Aragón.
Además, la norma ignora el mandato del artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye la organización y documentación del registro de jornada a la negociación colectiva o al acuerdo de empresa, lo que supone una invasión de la autonomía colectiva y una vulneración del principio constitucional de participación.
"No se puede legislar desde un despacho en Madrid desconociendo la realidad del campo, la hostelería o el pequeño comercio. Lo que para una gran empresa es un trámite informático, para un autónomo puede ser una sanción o el cierre", afirmó la consejera.
Inseguridad jurídica y riesgo para la protección de datos
La Consejería de Empresa advierte además de los riesgos derivados del tratamiento masivo de datos personales, recordando que el Anteproyecto no garantiza plenamente el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La norma exige la incorporación de datos sensibles, como estado civil o información de pausas y tiempos de desconexión, sin establecer medidas claras de anonimización ni proporcionalidad.
El Ejecutivo autonómico solicita una entrada en vigor suficiente que permita la adaptación técnica de empresas y Administraciones; la inclusión de líneas de ayuda para pymes y autónomos destinadas a financiar la implantación de sistemas digitales de registro; una campaña estatal de información y asesoramiento por parte de la Inspección de Trabajo; y la revisión del texto para asegurar que la organización del registro se acuerde mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa, conforme a la ley vigente.
En este sentido, el Gobierno regional reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa laboral, pero exige que las reformas estatales se hagan con diálogo social, rigor técnico y respeto a la realidad productiva del país. "Defendemos un modelo de relaciones laborales equilibrado, donde se protejan los derechos de los trabajadores sin ahogar a las empresas con burocracia. Lo que necesitamos es flexibilidad, no más carga administrativa ni inseguridad jurídica", añadió la consejera.
